A 40 años del Golpe Cívico-Militar, desde Barriletes decidimos marchar acompañando las luchas por Memoria, Verdad y Justicia. Por eso, compartimos aquí el Documento consensuado por la Multisectorial organizadora de esta marcha.
PARANÁ, 24 DE MARZO 2016
Aquí estamos. Somos trabajadores, profesionales, estudiantes, militantes de organizaciones populares, ciudadanos comprometidos con la memoria y con nuestro tiempo. Aquí estamos para reivindicar las luchas de nuestro pueblo y para defender las conquistas con más luchas y más organización. Porque es aquí, en esta marcha, donde está la fuerza para los verdaderos cambios, que son los cambios en beneficio de los más humildes, y para que los cambios inflados como globos no nos hagan retroceder hacia el abismo.
En los locales partidarios, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en los puestos de trabajo, en los barrios, en las calles; allí es donde se forjaron los sueños de los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos. Sueños de justicia, de igualdad, de inclusión; sueños de la auténtica felicidad del pueblo. Y justamente por eso, fue ahí donde el genocidio arrasó.
A 40 años del golpe de Estado cívico-militar-clerical-empresarial, el mejor homenaje para los compañeros es sostener la militancia organizada, la misma que permitió llegar a conquistas inclusivas de la última década como la asignación universal por hijo o las leyes que promovieron la igualdad de género o el derecho a una comunicación democrática. La militancia organizada es también la de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los familiares, los hijos, la que hizo posible que se acabara la garantía de impunidad para los genocidas y también un país donde las protestas no tuvieran cronómetro, ni tanques hidrantes, ni balas, ni presos políticos.
Hoy tenemos un gobierno nacional electo por una exigua mayoría y respaldado por las grandes corporaciones económicas y mediáticas y por el imperialismo norteamericano. Su proyecto es el mismo del 55, el mismo del 76, aquello que Rodolfo Walsh llamó la “miseria planificada” y que para instaurarlo secuestraron, torturaron, enviaron al exilio, robaron bebés, asesinaron e hicieron desaparecer a los 30.000 compañeros. Hasta se repiten los mismos apellidos: allí están los descendientes de Massot y Blaquier ocupando importantes cargos de gobierno. Pero la historia argentina también es la historia de la resistencia. Porque a pesar de los golpes no nos han vencido. Porque si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.
En las causas por delitos de lesa humanidad hemos logrado avances en este año: llegamos por fin a una sentencia en la causa Área Paraná I, luego de más de una década desde su reapertura. Allí el juez Leandro Ríos, si bien condenó a todos los imputados, impuso penas que son bajísimas en relación a la gravedad y cantidad de delitos cometidos por los represores. Tres de los siete salieron en libertad.
En dicho cuerpo jurídico el juez Ríos, no sólo revive la Teoría de los Dos Demonios cuando analiza el contexto histórico de los hechos, sino que tal resolución carece de criterio jurídico, dogmático y político, haciendo un uso arbitrario en la apreciación de la prueba y en el derecho aplicable. Es lamentable el retroceso, se trata de una sentencia pobre de principio a fin. Es inentendible que con el avance y estado actual de los juicios de lesa humanidad, se dicte una sentencia que parece sacada de 1984.
Por otro lado, celebramos que la Cámara Federal de Apelaciones dictó los procesamientos de los médicos dueños del Instituto Privado de Pediatría –habitualmente conocido por su vinculación con el Sanatorio del Niño–, Miguel Torralday, David Vainstub y Jorge Rossi, por considerarlos partícipes del entramado clandestino y perverso que resultó con la apropiación de Sabrina Guillino Valenzuela Negro y su hermano mellizo luego de haber nacido durante el cautiverio de su madre Raquel Negro en las instalaciones del Hospital Militar de nuestra ciudad.
En esta causa el juez Ríos había considerado que los médicos del IPP no tenían responsabilidad alguna al haber atendido en sus instalaciones a dos niños recién nacidos en la maternidad clandestina del Hospital Militar, por lo que dictó su falta de mérito, pronunciamiento que fue revocado por la Cámara Federal a instancias de las querellas y la fiscalía.
También vemos incipientes avances en las causas en donde se investiga a personal de las fuerzas de seguridad de la provincia. Atilio Céparo, ex policía de la provincia de Entre Ríos, será juzgado ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. A este represor se lo acusa por un solo hecho, y si bien reconocemos la realización de este juicio, debemos decir que las investigaciones judiciales deben orientarse a la búsqueda de la verdad produciendo la prueba necesaria que nos permita avanzar en causas en las que se investiguen la mayor cantidad de hechos y responsables. No alcanzan las causas desmembradas; el plan sistemático de exterminio tuvo muchas víctimas y muchos perpetradores.
También se realizará el juicio oral contra el represor José Darío Mazzafferi, torturador de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, quien se encontraba prófugo de la justicia desde el año 2009.
Seguimos exigiendo Juicio y Castigo a todos los responsables del plan de exterminio y reconociendo el valor y el esfuerzo de la memoria de cientos de sobrevivientes de los Campos Clandestinos de Exterminio, Tortura y Desaparición, de familiares de las víctimas y de testigos de distinta naturaleza que presenciaron los hechos que se denuncian en estas causas y permitieron reconstruir lo sucedido. A todos ellos expresamos nuestro agradecimiento, ya que permiten armar, como si fuera un rompecabezas, una pequeña parte de la monstruosa trama criminal que la dictadura cívico militar, que tan acertadamente se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, construyó para perpetrar miles de crímenes durante el imperio del Estado terrorista.
En un contexto nacional en el cual funcionarios del partido de gobierno se arrogan el derecho a poner en duda el número de compañeros detenidos desaparecidos, desde esta Multisectorial exigimos que se garantice la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. No permitiremos retrocesos en los juicios así como tampoco aceptamos el vaciamiento de las políticas de acompañamiento a los testigos y de investigación de las causas por violaciones a los derechos humanos.
Seguimos reclamando con todas nuestras fuerzas la aparición de Jorge Julio López, dos veces desaparecido, y justicia efectiva por el asesinato de la compañera Silvia Suppo.
Mientras tanto, asistimos a tiempos oscuros en la patria grande. En palabras del compañero Rafael Correa: “Este es el nuevo Plan Cóndor. Ya no se necesitan dictaduras militares, se necesitan jueces sumisos y una prensa corrupta” para lograr los objetivos de venganza de la derecha. Durante 12 años, América Latina fue el continente de la dignidad, con presidentes que se enfrentaron a los grupos del poder real, los que hoy embisten con fuerzas renovadas y vienen no solamente por las conquistas de los pueblos, sino también a perseguir a aquellos que se atrevieron a desafiarlos.
En este sentido el arma que han elegido no es otra que la articulación entre los grandes grupos mediáticos concentrados y los partidos judiciales de cada uno de los países. La avanzada contra Lula y Dilma en Brasil, la citación a Cristina Fernández de Kirchner en nuestro país y las operaciones mediáticas sobre los presidentes Evo Morales y Nicolás Maduro, son la cabal demostración de esta estrategia a nivel regional.
El proyecto de la derecha no termina en el intento de disciplinar a los pueblos en el sistema de valores y modo de vida que impone el Neoliberalismo; alertamos que la coordinación entre las derechas de América Latina persigue el objetivo de ingresar al bloque regional en el Acuerdo Trans Pacifico (TPP), el cual es el heredero directo del ALCA, y constituye el más reciente proyecto de dominación imperial hacia la región. Este acuerdo plantea las condiciones más nefastas para los pueblos, atenta contra la soberanía de los estados, establece la igualdad de trato para las corporaciones multinacionales ante los estados soberanos, cercena la libertad de expresión, atenta contra las empresas estatales, entre sus cláusulas exige la privatización de todas ellas; destruye los derechos laborales, estableciendo condiciones de flexibilidad que sumen al trabajador en la esclavitud. Todo esto negociado en el más estricto de los secretos por más de cinco años. No dudamos de la intención del gobierno de Macri de avanzar en este sentido y llamamos al pueblo a resistir.
El capitalismo salvaje que busca beneficios a cualquier costo, nos obliga a superar las divisiones partidarias o ideológicas y pensar en términos de las relaciones de la humanidad con la naturaleza. La protección ambiental no puede asegurarse sólo en base al cálculo financiero de costos y beneficios. Es necesario una revolución mental y un cambio de actitud en cada uno de nosotros para que el hombre deje de ser el lobo del hombre. Debemos emprender un diálogo honesto sobre la ecología integral, que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales, inseparablemente vinculadas con la situación medio ambiental. Ha llegado la hora de que tomemos conciencia de la marcha suicida que es la contaminación y el calentamiento global, la dilapidación de los recursos naturales y la sobre-estimación de la tecnología; y la necesidad de revertir de inmediato esta situación. Por eso rechazamos las técnicas extractivas de nuestros recursos naturales, como el fracking y la megaminería.
A 34 años de la guerra del Atlántico Sur debemos alertar sobre el peligro que supone la política de entrega de la soberanía nacional del gobierno del ingeniero Macri. El bajar de rango la Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas es un ejemplo, que nos lleva a sumar nuestra voz a la de los Combatientes que han denunciado el inicio de un nuevo proceso de desmalvinización en pos de favorecer las relaciones comerciales con Gran Bretaña. Exigimos que se continúe con la política de identificación de los caídos enterrados en el cementerio de Darwin, política que cuenta con el apoyo de la Cruz Roja internacional. No permitiremos el olvido de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la oficialidad contra los soldados y colimbas durante el conflicto y seguimos acompañando la presentación ante la CIDH para que se investiguen las cientos de denuncias presentadas en los juzgados de Tierra del Fuego.
En igual sentido reafirmamos el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
Como ya expresamos, las políticas de miseria planificada que impulsó la dictadura han sido retomadas. En ese sentido, el acuerdo para el pago de la sentencia del juez Griesa a los fondos buitres, es una pesada mochila con la que deberá cargar de ahora en más el pueblo argentino. La necesidad y el apuro por cumplir con la resolución de un juez extranjero obedecen a las promesas y compromisos que se hicieron en la campaña de Macri ante intereses foráneos. El endeudamiento para saciar las ansias del capital financiero es una receta que ya conocemos y que nos aleja de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. El sometimiento a los organismos internacionales, que habíamos logrado superar, está vigente nuevamente. El FMI volverá a auditar las cuentas nacionales, en perjuicio de los intereses de nuestro pueblo.
A 40 años de esa larga noche que se prolongó por años, la derecha bajo un discurso de "modernización" plantea la misma receta de retroceso, conservadurismo y regresión. El desguace del Estado, los despidos masivos en el sector público y privado, la desaparición de la industria nacional y el mercado interno y el ajuste implementado vienen a reflotar el plan económico sustentado en la idea de la competitividad a partir de los bajos salarios y de la flexibilización laboral, que nos llevan de nuevo a los índices del año 2001 de pobreza, indigencia y desocupación.
Entendemos que los despidos en el Estado nacional no responden solamente a la persecución política, sino que estratégicamente apuntan a desarticular políticas de equidad e inclusión, atentando contra el proceso de reconstrucción de los lazos sociales, destruidos por la dictadura y enterrados en la década del ’90. Ejemplo de esto es el vaciamiento de programas como los Centros de Acceso a la Justicia, el Renatea, el Inadi, Conectar Igualdad, Progresar y otros tantos, que trabajan desde una perspectiva de derechos enalteciendo el empoderamiento del pueblo a través de la organización y la construcción colectiva.
En Paraná, el gobierno de Sergio Varisco no se aparta de las pautas de su jefe político Mauricio Macri, con despidos de trabajadores, desguace o paralización de políticas municipales relevantes en materia de derechos humanos. Exigimos la continuidad de los programas de género, ambientales y Recuperadores de Derechos.
El derecho a la salud y la igualdad de las mujeres implica la derogación de leyes restrictivas sobre aborto, acceso a servicios de aborto seguro y prevención del aborto inseguro. Por ello exigimos la inmediata derogación del Protocolo de Aborto No Punible de Entre Ríos por ser violatorio del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y contrario a lo establecido por la Organización de Naciones Unidas que recientemente se pronunció a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dictaminando que la "criminalización del aborto y las barreras al acceso son violaciones a la obligación de respetar el derecho a la salud”. Tal derecho no puede ser obstaculizado por criterios impuestos por la cultura machista, la Iglesia, y las corporaciones: médicas y judiciales. En ese sentido exigimos el impulso en el Congreso Nacional de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la efectiva ejecución de la ley de Educación Sexual Integral.
Exigimos a los poderes del Estado que promuevan la equidad de género en todos sus ámbitos para erradicar el machismo patriarcal, origen de la violencia, de la trata, de los femicidios. El machismo mata. Ni una menos.
Siguen desapareciendo niñas y mujeres víctimas de trata todos los días, desamparadas del poder judicial y político. Es urgente y necesario el diseño de políticas públicas serias que involucren a todos los estamentos del Estado para prevenir este grave delito y comprometernos como sociedad porque sin clientes no hay trata.
Expresamos nuestro repudio y preocupación ante los hechos de violencia de los que han sido víctimas organizaciones políticas y sociales del campo popular. El ataque a Nuevo Encuentro del 6 de este mes, donde alguien, aun sin identificar, disparó contra los compañeros que se encontraban inaugurando un local en la Capital Federal hiriendo a dos mujeres, es el más grave de los ejemplos. Asimismo el ataque con una Itaka al local de La Cámpora en Mar del Plata, o las pintadas nazis contra el local del PC en nuestra ciudad o el incendio provocado en un local de La Cámpora de la ciudad de Córdoba, y podemos seguir sumando, son demostraciones cabales de que la extrema derecha se siente con total libertad y legitimidad para golpear desde diferentes frentes a nuestras organizaciones. Alertamos que esta legitimidad que sienten es producto de medidas del gobierno nacional que se orientan a silenciar a quienes piensan diferente y se apoya en una construcción de los medios de comunicación de la derecha que estigmatiza la organización popular. Exigimos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales extremar esfuerzos para aclarar estos hechos. No podemos permitir nunca más escaladas de violencia e intolerancia en nuestro país.
Si hay algo que nos ha enseñado la historia es que no es posible llevar a cabo el ajuste económico sino es a través de la represión: trabajadores de Cresta Roja, de la Municipalidad de La Plata, docentes en Santiago del Estero, dirigentes de ATE en Neuquén, que han sido baleados o detenidos por las fuerzas de seguridad, son demostraciones de que el gobierno ha decidido abandonar la política de respeto pleno por el derecho a la protesta y reemplaza el diálogo por mano dura.
Por eso denunciamos la sanción del Protocolo Antipiquetes promovido por Patricia Bullrich que implica un retroceso en las formas de actuación de las fuerzas de seguridad, y que además muestra una clara intención de disciplinar cualquier intento de manifestación popular en las calles y de cercenar la actuación de periodistas, y vuelve a permitir el uso de armas de fuego de los agentes en estas movilizaciones. Exigimos al gobierno nacional que derogue dicha resolución y al gobierno provincial que persista en la aplicación del Protocolo de Actuación de los Cuerpos Policiales en Manifestaciones Públicas de 2011.
Volvemos a reclamar a nuestros legisladores la pronta derogación de la Ley Antiterrorista, que no es más que un instrumento para criminalizar las protestas sociales opuestas a este sistema económico que se pretende instalar, y que junto al Proyecto X de Gendarmería cierra un círculo de persecución y espionaje contra los luchadores populares.
Exigimos la inmediata libertad de la compañera Milagro Sala y repudiamos su ilegal privación de la libertad por parte del gobierno de Gerardo Morales que manipula la justicia nombrando amigos y correligionarios para neutralizar el control judicial de sus propios actos.
La persecución a Milagro Sala es claramente una persecución política, la restauración conservadora no le perdona que siendo mujer, referente de pueblos originarios y sindicalista, haya sido la dirigente de una organización que permitió devolverles la dignidad a gran parte del pueblo jujeño y de muchos otros compañeros y compañeras en todo el país.
A esta persecución política e ideológica se suma la censura de las voces disidentes. Desde el 10 de diciembre asistimos a un plan sistemático para silenciar medios y periodistas críticos con la hegemonía del pensamiento neoliberal. La ilegal derogación de la Ley de Medios es la principal medida para asegurar un discurso único que dé legitimidad a las medidas antipopulares. Denunciamos este atropello al derecho a la comunicación, a la libertad de expresión y al acceso a la información que ejecuta el Gobierno Nacional. El cierre de la Afsca y la Aftyc es una política que apunta a la concentración de medios, favoreciendo al Grupo Clarín, al cual Macri le debe la construcción de su candidatura presidencial.
Cuando el contexto político lo favorece, recrudecen los episodios de violencia institucional. La Policía de Entre Ríos actúa cada vez con mayor violencia y arbitrariedad, somete a los jóvenes a apremios ilegales, sobre todo a los pertenecientes a los barrios más humildes, y hay comisarías en las que se practica la tortura. Exigimos pleno respeto por los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, sometimiento de la policía al control y conducción política, derogación de la inconstitucional Ley de Contravenciones y aplicación del protocolo contra la tortura para inspeccionar las cárceles y erradicar condiciones indignas de detención.
En el mismo sentido, reclamamos justicia por las desapariciones en democracia de Héctor Gómez y Martín Basualdo y el asesinato de Totín Pérez, aparición de los restos de Elías Gorosito y enjuiciamiento a los responsables políticos de los asesinados en diciembre de 2001 Romina Iturrarín, Eloisa Paniagua y José Daniel Rodríguez. La represión de la Alianza en Entre Ríos no debe quedar impune, menos aún cuando muchos del elenco gobernante en aquellos años hoy volvieron con la Alianza Cambiemos.
Los anuncios de apertura de archivos de Estados Unidos y el Vaticano representan una conquista más del movimiento de derechos humanos. De efectivizarse, sería posible conocer aún más sobre el accionar del terrorismo de Estado y la complicidad del gobierno norteamericano y de la jerarquía eclesiástica. Por eso solicitamos la puesta a disposición de esos archivos a la Justicia, a los organismos de derechos humanos y querellantes en causas de lesa humanidad para su estudio y eventual aporte probatorio.
Estados Unidos fue capacitador de los militares latinoamericanos que se alzaron en armas contra sus propios compatriotas, impulsor de las dictaduras que asolaron a nuestra Patria Grande, generador y beneficiario de las políticas económicas que esas dictaduras llevaron adelante a costa del hambre de los pueblos. La Doctrina de la Seguridad Nacional convirtió a todo militante popular en subversivo y expandió en nuestro continente la represión y el terrorismo de Estado. Por eso repudiamos la presencia del presidente Barack Obama en nuestro país en el 40° aniversario del golpe. Exigimos que efectivice la apertura de archivos y además que pida disculpas por los crímenes cometidos. Esto es lo que debe hacer si en verdad quiere rendir homenaje a las víctimas del genocidio argentino. Esto y abolir la pena de muerte y la tortura en su país; respetar los derechos humanos de las naciones de Medio Oriente y el mundo entero, y adoptar una auténtica política de paz y no intromisión en el orden internacional. De lo contrario el imperialismo norteamericano seguirá siendo el mayor ejecutor de crímenes de lesa humanidad de la actualidad.
Después de 40 años hemos avanzado mucho. Atravesamos el horror, la teoría de los dos demonios, el “algo habrán hecho”, las leyes de impunidad, los indultos. Pero con militancia y organización, con la perseverancia de los organismos de derechos humanos, con cada marcha, con cada escrache y, finalmente, con la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner, los genocidas comenzaron a ser juzgados y condenados. Tenemos la obligación de hacer que las políticas de Estado en Memoria, Verdad y Justicia sean irreversibles. Tenemos la obligación de seguir buscando y reencontrándonos con los nietos apropiados. El abrazo de Sabrina y el Melli será el abrazo de todos. Tenemos la obligación de seguir reconstruyendo la verdad histórica y localizar y restituir los restos de los compañeros. Y no solo no retroceder es indispensable: la responsabilidad civil en el terrorismo de Estado sigue siendo el paso que hay dar. Hay jueces, curas, empresarios, dueños de medios de comunicación, médicos y representantes de otros sectores sociales que deben ser juzgados como beneficiarios, instigadores o colaboradores. De esa manera seguiremos construyendo el Nunca Más.
Compañeros: la militancia de cada uno de nosotros es necesaria en este tiempo de restauración neoliberal. Cada vecinal, cada centro de estudiantes, cada sindicato, es un puesto de lucha. Así lo enseñaron los 30.000 compañeros y seguir su ejemplo es el mejor modo de mantener viva su memoria. No bajar los brazos es una forma de mirar a los ojos a las madres y a las abuelas; a Clara Fink, que recibió de la Justicia una respuesta demasiado pobre y todavía espera saber adónde está Claudio. Seguir adelante es una manera de mirar a los ojos también a Isabel Basualdo, símbolo de la lucha contra la represión policial en democracia, quien todavía busca a su hijo Martín. Mantener en alto las banderas de un mundo más justo que enarbolaron los compañeros, es abrazar el recuerdo de Margarita Alegre de Papetti, que falleció recientemente sin tener justicia por el asesinato y desaparición de su hijo el militante montontero Jorge Emilio Papetti, y es abrazar el recuerdo de Carmen, Amanda, Pepita y todas las madres entrerrianas.
¡Vayamos por más memoria, verdad y justicia!
¡Vayamos por más genocidas en las cárceles y más luchadores en las calles!
¡Frenemos el ajuste, la entrega y la represión!
¡Libertad a Milagro Sala!
¡Fuera Obama. La memoria no se puede invadir!
¡Nunca Más!
¡30.000 compañeros desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre!
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